Amnistía Internacional (AI) denunció ayer "alarmantes" niveles de violaciones de derechos humanos en la República Dominicana, particularmente por policías, y pidió que ese asunto sea abordado por las autoridades.
La organización expuso sus consideraciones días antes de que el Comité para los Derechos Humanos de la ONU evalúe la actuación del país en esa materia.
Las autoridades dominicanas, tras la divulgación de otro informe de AI el 22 de febrero, dijeron que la Policía "reconoce que tiene sus debilidades", y que está en "un proceso de modernización, especialización y depuración mediante el cual han expulsado a más de 10.000 de sus miembros en los últimos cuatro años".
El próximo 12 de marzo, las autoridades locales presentarán un documento sobre las medidas que han tomado para cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que protegen derechos humanos como el de no ser torturado o sufrir discriminación, informó AI hoy en un comunicado.
La entidad agregó que, por su parte, ya presentó al Comité un informe que examina algunos supuestos abusos a los derechos humanos en la isla caribeña, incluyendo niveles "alarmantes" de asesinatos policiales y casos de tortura por parte de integrantes de ese cuerpo de seguridad.
Asimismo, denuncia la discriminación contra inmigrantes haitianos y dominicanos de origen haitiano, los altos niveles de violencia contra las mujeres y las amenazas contra periodistas.
Para la investigadora de AI sobre el Caribe, Chiara Liguori, el estado de los derechos humanos en la nación caribeña es "extremadamente preocupante".
A lo largo de los años, agregó Liguori, "hemos documentado cómo los sectores más vulnerables de la sociedad, incluyendo las mujeres y niñas, sufren niveles alarmantes de violencia y discriminación mientras que raramente alguien es llevado ante la justicia por los abusos y no se dedican esfuerzos suficientes para prevenirlos".
El pasado 22 de febrero, AI en otro informe exigió a las autoridades el cese de las supuestas torturas policiales, que consideró como "terribles niveles de abuso", incluidos malos tratos y homicidios.
Unos días después, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y el jefe de ese cuerpo de seguridad, José Polanco Gómez, denunciaron "una campaña de descrédito contra la imagen del país, tomando como pretexto la existencia de supuestas violaciones contra los derechos humanos por parte de los agentes del orden".